En la comunidad Siete de agosto, una de las más remotas del Amazonas colombiano, varias familias indígenas reunieron dinero para viajar hasta Puerto Nariño, el segundo de los municipios más grandes del departamento. Su única opción para llegar allí es navegar el río Atacuari, por lo que compraron diez galones de combustible y pusieron rumbo al pueblo.

Allí les esperaban las campañas de vacunación frente a la COVID-19. El Gobierno de Colombia, autoridades locales y organismos internacionales están trabajando para llegar a los territorios más alejados, vencer la desinformación y los mitos y vacunar al mayor número de personas posible. En el caso de los indígenas del Siete de agosto, los profesionales de la salud no tuvieron que desplazarse hasta allí: ellos mismos acudieron para recibir su dosis.

El Amazonas colombiano es una de las muchas regiones en las que la seguridad sanitaria es todavía una utopía. Allí, el coronavirus atacó con especial crudeza, y gran parte de la población no tiene acceso a servicios básicos de salud. Para darle la vuelta a esta situación, la comunidad internacional trabaja en la consecución de una cobertura sanitaria universal capaz de garantizar una vida digna sin excepciones en cualquier lugar del mundo.

Seguridad sanitaria: un reto para el 2030

Buena parte de la población mundial carece de acceso integral a servicios básicos de salud. Al mismo tiempo, 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema por tener que pagar estos servicios de su bolsillo, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De ahí que, cuando se habla de seguridad sanitaria, se tengan en cuenta tanto el acceso a la sanidad como la capacidad de financiarlo. “Hay diferentes formas de seguridad sanitaria”, explica Gonzalo Fanjul, director de Análisis en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y galardonado con una beca Leonardo por la Fundación BBVA. “Existe una seguridad sanitaria vinculada a riesgos como epidemias o desastres naturales, que derivan de fenómenos externos ante los cuales nos preparamos con una serie de medidas. Por otro lado, está la que hace referencia a la capacidad de la comunidad para garantizar el acceso a servicios de salud”.

De acuerdo con el director de Análisis de ISGlobal, esto está relacionado no solo con el hecho de no perder la vida o no enfermar, sino también con el de no caer en un gasto catastrófico por motivos de salud. “Es decir, no tener que endeudarse hasta un punto insostenible debido a una enfermedad”, explica.

Alcanzar la cobertura sanitaria universal, aquella en la que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos, es una de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030. Tal y como recuerda la OMS, este derecho abarca desde la promoción y la prevención sanitaria hasta los cuidados paliativos, pasando por el tratamiento y la rehabilitación.

“Este objetivo es revolucionario porque garantiza un derecho que antes era casi un privilegio. Es revolucionario para África, pero también para muchos estados de Estados Unidos, en donde millones de personas se endeudan para superar enfermedades”, comenta Fanjul.

El camino hacia la cobertura sanitaria universal

La consecución de la seguridad sanitaria y una cobertura universal es uno de los principales objetivos de la OMS desde su constitución en 1948. Desde entonces, se han dado pasos muy importantes para alcanzarlo. De acuerdo con la organización, estas son algunas de las vías para lograrlo:

• Fortalecer los sistemas de salud en todos los países.
• Contar con estructuras de financiación sólidas. De lo contrario, “los pobres serán incapaces de obtener muchos de los servicios que necesitan, e incluso los ricos se verán expuestos a dificultades económicas en caso de enfermedad grave o prolongada”, señalan desde la OMS.
• Contar con personal sanitario y asistencial adecuado y competente.
• Garantizar que este personal esté repartido de forma equitativa, reciba un apoyo adecuado y disfrute de un trabajo digno.
• Mejorar los sistemas de financiación y gestión de estos servicios de salud.
• Elaborar políticas adecuadas que faciliten la consecución de todo lo anterior.

Sin embargo, el impacto de la pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades de los países para responder ante una emergencia. Los estados han demostrado brechas a la hora de establecer un sistema de respuesta, coordinarse entre ellos, financiar los sistemas de salud y garantizar el acceso a medicinas y, por último, a las vacunas.

Lecciones de la pandemia

“La COVID-19 ha sido la tormenta perfecta, porque la enfermedad multiplica el número de pacientes e impide atender a los afectados por otras patologías de forma razonable”, reflexiona el director de Análisis de ISGlobal. “Como consecuencia, se han dejado desprotegidos numerosos ámbitos de la salud y se han destruido los medios de vida de gran parte de la población en muchas regiones, como por ejemplo América Latina”.

“Los estados se han dado cuenta de que han actuado tarde”, añade Ana Cristina Gallego, profesora ayudante doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y secretaria del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina (IEAL) de la Universidad de Sevilla.

Sin embargo, cuando la COVID-19 empezó a traspasar fronteras existía un instrumento para hacer frente a su amenaza y garantizar la prevención sanitaria: el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). La finalidad de este instrumento, vinculante para todos los estados miembros de la OMS, es ayudar a la comunidad internacional a prevenir y controlar las enfermedades, a la vez que se da una respuesta de salud pública proporcionada.

“Este reglamento establece que, ante la amenaza de grandes enfermedades infecciosas, debe declararse el estado de emergencia sanitaria de importancia internacional”, detalla Gallego. “Este se declaró en enero y en España, por ejemplo, no se comenzó a reaccionar hasta marzo”.

De acuerdo con la profesora de la Universidad de Sevilla, en el momento en el que se declara el estado de emergencia sanitaria de importancia internacional, todos los estados deben actuar. “Cuando suena esta alarma, es necesario tomar medidas. En un mundo globalizado no se debe gestionar, se debe prevenir. Se ha demostrado que los estados no tenían sus obligaciones claras”, señala la experta en Derecho Internacional.

La profesora recuerda también que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no son jurídicamente vinculantes, sino que son solamente orientaciones. “El éxito y el fracaso de la gestión de una pandemia depende en gran medida de las voluntades políticas y de los estados”, remarca. Lo que sí existe, añade, es un compromiso de promoción del derecho a la salud por parte de la OMS que los estados han ido adoptando a lo largo de los años.

Un paso atrás, dos hacia delante

A pesar del bache que ha supuesto la COVID-19, numerosos países avanzan en la dirección correcta para garantizar la seguridad sanitaria y el bienestar de sus habitantes. En África, por ejemplo, se ha progresado mucho en temas de prevención sanitaria e higiene.

“Después de la crisis del ébola en la década pasada, los estados africanos aumentaron muchísimo sus esfuerzos para ofrecer una sanidad básica”, asegura Ana Cristina Gallego. “Una de las grandes medidas que se adoptaron fue ir por los colegios explicándoles a los niños que deben lavarse las manos con frecuencia y evitar tocar a los muertos. Esto es muy eficaz, ya que mejorar en salud también es instalar sistemas de saneamiento y adoptar hábitos de higiene”.

En un mundo que superó la epidemia de ébola, se encuentra inmerso en una pandemia mundial y se enfrenta cada día a otras muchas otras enfermedades y patologías, apostar por fortalecer los sistemas sanitarios parece más necesario que nunca.

“La primera lección que podemos sacar de la pandemia, y que espero que quede escrito en piedra a partir de ahora, es que el derecho a la salud y a un sistema sanitario global es un determinante de la seguridad de los países. El éxito en cualquier ámbito depende de la capacidad para ofrecer un sistema garantista de seguridad sanitaria”, reflexiona Gonzalo Fanjul.

Para el director de Análisis de ISGlobal, la pandemia ha dejado algo muy claro: la única que no ha fallado es la comunidad científica. Su papel demuestra que invertir en ciencia y en salud es fundamental para acabar con la pobreza, mejorar la educación y promover el desarrollo económico a largo plazo.

“No creo que lleguemos a alcanzar la cobertura sanitaria universal en 2030, pero si existe un estado de ánimo político que puede lograr una cobertura sanitaria universal, es el que tenemos ahora. Creo que hemos dado un paso atrás para dar dos pasos adelante. Si conseguimos mantener el ritmo, avanzaremos en la dirección correcta”, concluye Fanjul.